Fiscalización y precios de transferencia

Lourdes Chau Socia de Tax & Legal de PWC

El Código Tributario establece que la administración tributaria tiene el plazo de un año, computado desde que se entregó la información y/o documentación solicitada con ocasión del primer requerimiento, para pedir información y/o documentación referida al tributo y período sujeto a revisión.

Sin embargo, la excepción es si el aspecto en revisión es la correcta aplicación de la normativa sobre precios de transferencia (PT) porque en este supuesto no hay plazo. La norma sobre PT tiene que ver con IR y, como tal, la fiscalización de su cumplimiento se da con ocasión de la revisión de este tributo. Es por ello, entendemos, que en el Tribunal Fiscal se planteó la disyuntiva de si en los casos en que los obligados tengan operaciones con partes vinculadas y, por tanto, le sean aplicables las normas sobre PT, el plazo de un año no aplica en general para cualquiera de los aspectos del IR; o si esta inaplicación es solo para lo referido a PT.

La resolución emitida por el Tribunal opta por la segunda interpretación, lo que encuentra sentido si se toma en cuenta que la no aplicación del plazo de un año es de naturaleza excepcional porque se estima que por su complejidad la materia referida a PT requiere de un tiempo mayor.

La resolución también indica que la inaplicación del plazo opera, ya sea que se haya decidido desde un inicio fiscalizar PT o después, lo que podría significar que luego de vencido un año, estando aun sin concluir la fiscalización, se decida fiscalizar dicho aspecto.

Todo lo anterior implica que los contribuyentes podrán oponerse en un procedimiento de fiscalización a cualquier requerimiento que Sunat les emita vencido el plazo de un año, si consideran que no está vinculado a PT, correspondiéndole a esta más bien demostrar lo contrario.

Por ejemplo, estaría vetada de solicitar, más allá del plazo de un año, información y/o documentación que no está vinculada con partes vinculadas. No obstante, habrá requerimientos que podrán tener incidencia tanto para el ámbito de los precios de transferencia como para otros aspectos, como podría ser lo vinculado al test de beneficio y es en este campo donde se presentarán las mayores discusiones.

En cualquier caso queda claro que el límite de un año para requerimientos de temas diferentes a PT es solo para pedir información y/o documentación, no para la conclusión de la fiscalización del IR, lo que ocurrirá una vez que se haya terminado con la revisión de la normativa para operaciones intragrupo.

Fuente: Diario Oficial el Peruano

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