Las reglas de la UIF y el secreto profesional

Con el D. Leg. Nº 1249 se incorporó como sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a los abogados colegiados que realizan o se disponen a realizar, de forma habitual, las siguientes actividades: (i) compra y venta de bienes inmuebles; (ii) administración de dinero, valores, cuentas del sistema financiero u otros activos; (iii) organización de aportaciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas; (iv) creación, administración y/o reorganización de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas; y, (v) compra y venta de acciones o participaciones sociales de personas jurídicas.

Johana Benites Iriarte
Miembro de TYTL Abogados

Luego, con fecha 3 de marzo, se publicó la Resolución SBS Nº 789-2018, que precisa las obligaciones que deben cumplir los abogados como sujetos obligados.

En relación con la información que deben reportar a la UIF, la norma señala que se restringe a aquella que no se encuentre sujeta al secreto profesional; sin embargo, no precisa qué información quedaría excluida del alcance del secreto profesional.

Sobre el particular, se debe tener en cuenta que el deber de guardar el secreto profesional tiene protección constitucional y su vulneración se encuentra debidamente tipificada en el Código Penal, el cual no hace distinción sobre la información que debe ser protegida por el profesional, por lo que se trataría de toda la información obtenida con motivo del desarrollo de su profesión.

En ese contexto, ¿cómo sería posible que el abogado pueda informar a la UIF las operaciones que le resultan ser sospechosas u otra información que le pueda ser requerida sin vulnerar el secreto profesional y sin ser pasible de una sanción penal? El Poder Ejecutivo pretende, mediante la incorporación de nuevos sujetos obligados, que estos coadyuven en la lucha contra el lavado de activos, trasladando de algún modo los deberes propios del Estado; sin embargo, no ha tomado en consideración el impacto que podría tener sobre la profesión de los abogados.

Así, podríamos llegar a ser pasibles de una sanción penal por vulnerar el secreto profesional cuando la operación gestionada para el cliente –que nos pareció sospechosa– la reportamos ante la UIF, cuando no necesariamente podemos estar ante una operación ilícita, pues ello solo podrá ser determinado en la investigación que realice la UIF.

Del mismo modo, se debe tener en cuenta que en la operación sospechosa que será materia de reporte también participó el abogado gestionándola, lo que conlleva en adición a violar el secreto profesional que se incrimine a sí mismo.

En tal sentido, es necesario que la superintendencia apruebe una nueva normativa que precise el cumplimiento y, sobre todo, el alcance de la obligación de informar para los abogados; caso contrario, en la práctica, dichos sujetos obligados, amparándose válidamente en la protección constitucional del secreto profesional, no reportarán información a la UIF.

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