La cláusula antielusiva general

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El Decreto Legislativo 1422 ha dictado una serie de obligaciones y riesgos respecto a la Norma XVI del Código Tributario referida a la Cláusula Antielusiva General (CAG).

Francisco Pantigoso
Abogado tributarista

Así, la norma determina una preactivación de la aplicación de la Cláusula Antielusiva General (Norma XVI del Código Tributario), suspendida por la Ley Nº 30230. La elusión, llamada también “fraude a la ley”, se da cuando una norma de “cobertura” (atípica o artificiosa) esconde otra “coberturada” de menor tributación.

Dentro de los cambios, además, se determina una responsabilidad solidaria si se detectan casos de elusión, en los que la carga de la prueba de la presunción incoada por la administración se revierte al contribuyente.

Esta responsabilidad se extiende ahora a los directores de la empresa, los que deben decidir la aprobación o no de actos elusorios. Se tiene hasta el 29 de marzo de 2019 para ratificar o modificar actos, situaciones y relaciones económicas con impacto elusorio.

Faltan también normas reglamentarias al Decreto Legislativo 1422, especialmente para la información que se pide del “Comité Revisor” (conformado por la misma Sunat, que sería juez y parte de la evaluación de actos elusorios) y las normas sobre la declaración del Directorio.

Por otro lado, los representantes legales (incluidos ahora directores) deberán cumplir con las obligaciones tributarias en calidad de representantes, con recursos que administren o dispongan. Existirá responsabilidad solidaria cuando los representantes legales hubieran actuado con dolo, negligencia grave o abuso de facultades, a efectos de no cumplir con las obligaciones fiscales de sus representadas, como consecuencia de lo cual los mismos deberán atender las obligaciones fiscales de sus representadas, no solo con los recursos que administren o dispongan de aquellas, sino, inclusive, con sus recursos propios.

La responsabilidad fiscal de los representantes legales solo se producirá en caso de que se fije dicha existencia de dolo, negligencia grave o abuso de facultades, ya sea porque el obligado no pudo desvirtuar las presunciones o porque la administración tributaria pudo acreditar sus imputaciones efectuadas, acreditando la causal respectiva.

Fuente: Diario el Peruano

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