Tributación de la sociedad conyugal en Operaciones de Arrendamiento de Inmuebles

Miguel Cavero Velaochaga

Director de Inmobilex

Por el arrendamiento el propietario se obliga a ceder temporalmente al inquilino el uso de su inmueble, quien se obliga a pagar puntualmente una suma de dinero. El marco legal aplicable está entre los artículos 1666 y 1712 del Código Civil.

El impuesto a la renta (IR) aplicable al arrendamiento es de primera categoría, con una tasa efectiva de 5%, a pagarse según plazos indicados en el cronograma de obligaciones mensuales publicado por la Sunat, según el último dígito del RUC del arrendador (propietario), aun cuando el inquilino no haya pagado la renta.

El comprobante que entrega el banco al pagar, que contiene los datos declarados y pagados, es el recibo por arrendamiento. Las personas naturales deben entregarlo en original al inquilino o arrendatario, pues constituye el comprobante de pago del alquiler y sustento del gasto o costo tributario, a utilizarse para los fines correspondientes. Las personas jurídicas no entregan factura o boleta de venta, según corresponda. Si una persona jurídica alquila un inmueble, para fines tributarios, dicho acto es considerado un servicio.

El artículo 16 de la Ley del IR (LIR) establece que “en el caso de sociedades conyugales, las rentas que obtenga cada cónyuge serán declaradas independientemente por cada uno de ellos. Las rentas producidas por bienes comunes serán atribuidas, por igual, a cada uno de los cónyuges; sin embargo, estos podrán optar por atribuirlas a uno solo de ellos para efectos de la declaración y pago como sociedad conyugal”.

Además, el artículo 6 del Reglamento de la LIR dispone que “los cónyuges que opten por pagar el impuesto como sociedad conyugal por las rentas comunes producidas por los bienes propios y/o comunes, atribuirán a uno de ellos la representación de la sociedad conyugal, comunicando de este hecho a la Sunat” (ver Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 05946-2-2006 y N° 03441-4-2010), aplicando ciertas reglas, las detalladas en el artículo.

Un inquilino moroso atenta contra la liquidez del propietario. No se debería reglamentar la Ley N° 30933 (Desalojo con intervención notarial) en el sentido que el propietario debe haber pagado el impuesto para solicitar desalojo. El Estado debe tutelar.

Fuente: Diario El Peruano

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